Veritas: Un pequeño paso a favor de los derechos civiles

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EDITORIAL

Aunque a veces la llama de la libertad deje de brillar, su combustible no se extingue.” Thomas Paine

El Instituto AMAGI encuentra muy afortunado que ya se haya puesto sobre la mesa el tema de las uniones civiles para parejas del mismo sexo, llamada “sociedades de convivencia”. Sin embargo, eso no quiere decir que la batalla a favor de los derechos individuales (en este caso los civiles) esté concluida en Costa Rica.

 Este tímido paso es apenas el primer peldaño en la búsqueda de una autentica igualdad de la ley, y es que al menos en este caso, el proyecto tan sólo presenta mecanismos utilitarios para conceder ciertos derechos patrimoniales a un grupo. Sin embargo, los liberales estamos conscientes de que no son los grupos los que tienen derechos, sino las personas como individuos. Es así como una unión civil no es más que el acuerdo voluntario entre las partes que establece ciertas obligaciones y reglas. El problema es Costa Rica es que esto no se cumple para nadie, ni siquiera para las parejas heterosexuales. Actualmente el Estado impone sus criterios morales sobre los contratos nupciales, lo cual representa un claro atentado en contra de la libertad de elección de los costarricenses.

 En AMAGI creemos convincentemente en la absoluta privatización de las uniones civiles. Con esto nos referimos a que las partes puedan poner sus propios términos; tales como fecha de vencimiento, cláusulas de ruptura, derechos sobre las propiedades, entre otros. Además es claro que dicho acuerdo se debe extender a más que parejas. Si bien es cierto que la poligamia es un tema tabú para buena parte del mundo occidental, forma parte de las tradiciones de muchas culturas a nivel mundial. No existe razón alguna para violentarle los derechos a tres o más personas que libre y voluntariamente hayan accedido a tener ese estilo de vida.

 Las razones de religión, cultura u otras no deben estar ligadas a negar derechos individuales tan básicos, como la libre elección. Las mayorías no tienen potestad de decidir acerca de las acciones de las minorías, ese no es el principio de una democracia republicana. Mientras que estos acuerdos se den en marcos privados y no se obligue a nadie a participar en ellos, no debe existir ningún conflicto con otras personas. Es claro que para los liberales aún queda un largo camino por recorrer; no obstante, apreciamos que por fin esté dando inicio.

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