Veritas: Una propuesta simple en beneficio de la juventud

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Las llamadas cargas sociales son impuestos que se cobran en Costa Rica para ser utilizados en programas e instituciones específicas. Se pagan sobre el salario base de cada persona contratada en Costa Rica, por parte del Estado, el trabajador y su patrono. Las transferencias del Estado se sufragan a través de los impuestos generales que pagan el resto de los costarricenses, mientras que al trabajador se le rebajan del salario. En total, este último debe pagar un 9% para financiar su seguro de salud pública, pensiones y capitalización.
No obstante, los patronos deben pagar un 23% del total del salario base de cada trabajador para financiar no sólo los seguros y las pensiones, sino otras instituciones de asistencia social y educación. El monto que representan dichas cargas sociales se ha convertido en uno de los principales obstáculos para contratar por parte de muchos empleadores.
Para empeorar la situación, muchos jóvenes hoy no pueden conseguir su primer empleo debido a falta de experiencia. Eso se debe en buena parte a que las empresas no están interesadas en capacitar personal nuevo en estos momentos. Sin experiencia, muchos jóvenes han optado por trabajar de gratis (en forma de pasantías u otros) o incluso, a trabajar a espaldas de la ley.
El Instituto AMAGI realizó una investigación de las distintas cargas sociales que se cobran actualmente, además del destino y uso de los fondos. Se descubrió que si bien el patrono debe pagar un 1.5% del salario del trabajador para financiar al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA, órgano de capacitación técnica en el país), la institución cuenta con superávits acumulados de más de 71 mil millones de colones.
A muchos empleadores no les conviene utilizar los servicios del INA para capacitar personal puesto que los cursos quizá no se adecuen a las labores y necesidades particulares de su empresa. Es entendible. Lo que no tiene sentido es seguir acumulando superávits ociosos mientras la mayoría de los jóvenes está errante en la búsqueda de empleo.
La propuesta del Instituto AMAGI es agregar un párrafo al inciso a) del artículo 15 de la Ley Orgánica del INA, a fin de incorporar la posibilidad de una deducción del pago de esa carga social a cambio de que se contraten y capaciten jóvenes con poca experiencia. El nuevo texto podría leerse así:
 a) (…)
Están exentas del pago de esta cuota, durante dos años a partir de la contratación, las planillas de los trabajadores que fueron contratados a una edad menor o igual a veinticinco (25) años, que además hayan sido capacitados para desempeñar labores calificadas. Los patrones deberán rendir pruebas a la institución de que dicha capacitación se realizó.
(…)”
La propuesta es imperfecta y no es definitiva. Pero se hace urgente iniciar este debate antes de dejar una generación rezagada por falta de oportunidades de empleo.

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